A los estafadores hay que reconocerles una cosa: su creatividad.
Cada vez que se descubre y desbarata una estafa, enseguida aparece otra mucho más sofisticada y ocurrente que, al fin, atraerá víctimas como quien atrae moscas a la miel.
Y resulta entonces que nadie está libre de ser una víctima de estos timadores. La Seguridad Social tampoco.
En España, aun cuando el fraude a la Seguridad Social es un delito, la Policía Nacional ha tenido que realizar grandes esfuerzos para desbaratar estafas que le han causado perjuicios millonarios al sistema.
Todos los días leemos en los periódicos noticias en las que la Policía Nacional ha logrado desbaratar fraudes millonarios a la Seguridad Social a lo largo y a lo ancho del país.
Valencia, Asturias, Sevilla o Mallorca han sido escenarios de grandes estafas y han estado en las portadas de los periódicos como sitios en los que los estafadores han hecho de las suyas.
A pesar de los mecanismos y políticas realizadas por el Gobierno, aún no se ha conseguido resolver este problema que es mucho más importante que los pequeños fraudes cotidianos.
Porque sí, aunque creas que no, una extensión indebida de una licencia por enfermedad, también es un fraude a la Seguridad Social.
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¿Qué se entiende por fraude a la Seguridad Social?
Según el art 307 ter del Código Penal de España, fraude a la Seguridad Social es “causar un perjuicio a la Administración Pública por medio de error fraudulento u ocultación consciente de hechos de los que debía informar, obteniendo prestaciones del sistema de Seguridad Social, prolongando su disfrute o facilitando a otros su obtención”.
Los 3 tipos de fraude más importantes en España:
La empresa ficticia:
Se crea una empresa —o un entramado de empresas— ficticia. Es decir que sólo existirá en papel, pero que no desarrolla actividad alguna.
Lo que hacen estas empresas es captar trabajadores y, de forma fraudulenta, darlos de alta en las modalidades de contratos de aprendizaje o de contratos ordinarios.
De este modo, los supuestos empresarios obtienen beneficios económicos tales como deducciones impositivas o bonificaciones, mientras que los trabajadores falsos acumulan días cotizables para el cobro de prestaciones.
Contrataciones simuladas:
En este caso, la empresa no es ficticia. Es real, pero las contrataciones son simuladas.
De este modo, el empresario obtiene los beneficios económicos en las deducciones impositivas mientras que los falsos trabajadores acceden a prestaciones y, llegado el momento, subsidios por desempleo.
Normalmente estas empresas pactan con personas con residencia o situación económica precaria, y personas que estén en el paro. Luego les ofrecen contratos de trabajo y el alta en la Seguridad social pero no existe una relación laboral real.
De este modo, llegado el momento y con la presentación de la documentación correspondiente, estos supuestos trabajadores cobrarán beneficios que, en realidad, no les corresponden.
El extraño caso de los muertos que cobran pensión:
En las comunidades de Valencia y de Alicante se ha dado un caso un caso de defraudación que, en tiempos que corren, es inexplicable.
Es que cientos de españoles han cobrado sus pensiones aun diez años después de muertos.
Si bien quienes han percibido los beneficios que en vida correspondían a las personas fallecidas son los perpetradores del fraude a la Seguridad Social, es indudable que aquí han fallado los mecanismos de control.
Cabe destacar que la mayoría del dinero que se ha pagado como pensión a los fallecidos, no ha sido recuperado.
El Observatorio
En España los niveles de fraude en esta área son tan importantes, que el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social se ha visto en la obligación de aumentar sus esfuerzos para luchar con estas estafas.
Es por ello que ha creado el Observatorio para la lucha contra el fraude en el ámbito de la Seguridad Social, cuya misión es prevenir y luchar contra el fraude y recuperar los recursos que se pierden como consecuencia de las conductas fraudulentas.
La idea del organismo es generar propuestas de estudio y análisis de datos para detectar conductas irregulares —tal vez fraudulentas— en materia de afiliación, recaudación y de percepción indebida de beneficios y prestaciones.
Políticas destinadas a la prevención y desbaratamiento del fraude:
Estas son algunas de las políticas destinadas a desbaratar y, sobre todo, prevenir las estafas al sistema.
- Creación del Observatorio para la lucha contra el fraude en el ámbito de la Seguridad Social: no nos extenderemos sobre este porque ya lo hemos explicado.
- Creación del Buzón para denuncias: La Inspección de Trabajo y Seguridad Social atiende miles de denuncias anónimas de los ciudadanos contra el fraude laboral y social.
- Utilización de modelos predictivos y de inteligencia artificial: a partir de la información aportada por las entidades de la de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, estos modelos predictivos pueden “adivinar” casos en los que se va a producir el fraude.
¿Por qué es tan difícil desbaratar estas estafas?
Sencillamente porque los entramados de empresas ficticias están muy bien armados.
Los ideólogos de estos fraudes abren y cierran empresas como si tal cosa, y para las autoridades, luego, es muy difícil llegar a los seres humanos que están detrás de los entramados empresarios.
Las empresas que adeudan importantes sumas de dinero son cerradas justo cuando otra sociedad, libre de cargas tributarias, está lista para ponerse en marcha y para continuar la defraudación.
De este modo, llegar a quien ha montado el fraude no es tarea sencilla y requiere investigaciones muy importantes que no sólo llevan tiempo, sino que también consumen infinidad de recursos económicos.
En resumen: es claro que en España el fraude a la seguridad Social representa un problema serio.
Harán falta fortalecer los mecanismos de control y aumentar los esfuerzos para que el dinero de las arcas públicas llegue a sus legítimos beneficiarios en lugar de engordar los bolsillos de los estafadores que pululan por todas partes.